Publicación del nuevo índice para la actualización de alquileres en 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha definido ya el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda, cumpliéndose así con uno de los mandatos contemplados en la Ley de Vivienda. La nueva metodología ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 20 de diciembre.

En concreto, la Ley de Vivienda establecía una modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que el INE definiera, antes del 31 de diciembre de este año, "un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, que se fijará como límite de referencia, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento", en sustitución al IPC y a los topes establecidos en los últimos años (del 2% en 2023 y del 3% en 2024).

Por tanto, las actualizaciones de los contratos que se lleven a cabo hasta el próximo 31 de diciembre estarán topados a un 3%, salvo que inquilino y propietario pacten lo contrario. 

Y ya el 1 de enero de 2025 entrará en vigor el índice de referencia, cuyo valor "será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada", elaborada según lo previsto en la metodología aprobada. 

El INE publicará mensualmente el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, expresado con dos decimales, utilizando los últimos datos mensuales disponibles.

Según consta en el calendario del organismo de estadísticas, el primer dato de este nuevo índice de actualización de los alquileres se conocerá el próximo 2 de enero, con la referencia del mes de noviembre. Y teniendo en cuenta la fórmula establecida, y que se aplicará el mejor de los tres valores mencionados, el valor apunta a un 2,2%, a falta de confirmación oficial. Lo único que conviene tener en cuenta, como recuerdan desde el INE, es que el índice tendrá dos decimales, por lo que el dato definitivo podría registrar ligeras variaciones al alza o a la baja. 

La publicación del índice se conocerá a mediados de cada mes. En febrero, por ejemplo, se publicará el día 14 y se basará en los datos de inflación de enero; en marzo, también se conocerá el día 14 y estará referenciado al mes de febrero. 

Todos estos cambios aplican a los contratos de alquiler que se hayan firmado desde que entró en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023. Todos los contratos anteriores a esa fecha, por tanto, se actualizarán conforme a lo que hayan establecido las partes en el contrato. 

El retraso ha generado inseguridad jurídica

El retraso en la publicación ha generado inseguridad jurídica en el mercado del alquiler en los últimos meses. 

Según afirmaba la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) el pasado mes de septiembre, este índice debía haberse creado antes del 1 de enero de 2024, como ya alertó a finales del año pasado. Al no hacerse de esta manera, insistía la compañía especializada en arrendamientos, "todos los nuevos arrendamientos que se suscribiesen a partir de dicha fecha iban a tener un vacío importante, porque ni arrendadores ni arrendatarios iban a poder conocer en el momento de la suscripción del arrendamiento mediante qué mecanismos o sistemas iban a actualizar sus rentas en el futuro".

Así pues, defendía la compañía, "en todos los arrendamientos de viviendas que se han firmado en lo que va de año, ni arrendadores ni arrendatarios han podido conocer con anticipación si sus actualizaciones anuales de rentas iban a tener limitaciones o con qué índice se iban actualizar. Y esto ocurre porque los actuales límites del 3% que se están aplicando en este 2024 dejan de estar en vigor en 2025".

Este escenario de incertidumbre está teniendo un impacto directo en el mercado del alquiler, provocando que los inversores estén buscando alternativas "más seguras que el alquiler, en donde puedan conocer por anticipado las reglas por las que van a regular sus inversiones". Y también está afectando a los propietarios, ya sean ahorradores o grandes tenedores; y a promotores e inversores de viviendas destinadas al alquiler, que no disponen de datos suficientes "para hacer análisis financieros completos y calcular la rentabilidad de sus inversiones".